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PULSO Diario de San Luis
Jueves 3 abril 2014

José Santos Zavala

Los potosinos en los particular y los mexicanos en lo general demandan de su gobierno buenos resultados de política pública. Hay una sensación social generalizada de que los gobiernos surgidos de la democracia han sido incapaces para solucionar los problemas de la sociedad. Según Consulta Mitofsky, en febrero de 2007 el 58% de los mexicanos aprobaban la gestión del presidente de la republica, para febrero de 2014 el porcentaje de aprobación bajo al 48%; en el mismo periodo, el nivel de aprobación de los gobernadores paso de 70% al 56% y el de los presidentes municipales de 60% al 47%.

 

En México se ha saturado la agenda gubernamental con una gran diversidad de temas, que van desde salud, educación, vivienda hasta medio ambiente e impulso a la competitividad; pero el mismo gobierno ha sido incapaz de recaudar los ingresos necesarios para cumplir con sus responsabilidades de atención a la necesidades de la sociedad. Los ingresos tributarios pasaron del 15% como porcentaje del PIB en 1980 a 18% en 2010 mientras que los países miembros de la OCDE, en el mismo periodo, pasaron del 31% al 34%. La consecuencia ha sido un gobierno que no cumple con su sociedad.

El origen de esta situación es la crisis fiscal del gobierno, quien han gastado más de lo que recauda, por lo que ha acudido a la deuda y los ingresos petroleros como fuentes de financiamiento del gasto público; esto ha generado que en la solución de los problemas públicos haya privilegiado la eficiencia económica sobre los beneficios sociales. En los últimos años, en el gobierno ha predominado la austeridad presupuestal, el recorte permanente del gasto publico en todas las áreas de política pública, lo que ha generado que se deje de atender una gran cantidad de demandas de la sociedad.

Esta crisis fiscal se le ha atribuido al gobierno, su aparato administrativo es grande en cuanto a su estructura, complejo en cuanto a su normatividad, opera con programas que no se coordinan entre si, servicios que cuesta mucho producirlos, exceso de personal y mal preparado que llega por sus vínculos políticos y no por sus méritos profesionales, con ineficiencia en sus procesos operativos. Sus políticas públicas quedan atrapadas en la estructura y procesos de la administración pública: es mas importante cumplir con la norma que los resultados y aun así, no hay transparencia ni rendición de cuentas.

La crisis fiscal y administrativa del gobierno generó cambios en el sistema político. Se cuestionó el autoritarismo y centralismo con el argumento que actuaban con arbitrariedad y corrupción. Desde finales del siglo pasado se ha generado un lento pero constante proceso de democratización, se logró alternancia y pluralidad política en todos los niveles de la estructura gubernamental con lo cual se generaron múltiples espacios de poder en el proceso de hechura de las políticas públicas. Se reivindicaron la legalidad y la transparencia pero no se crearon espacios organizados de coordinación de políticas.

La democracia como forma de gobierno ha sido incapaz de resolver los problemas de la sociedad, al contario, ha debilitado la capacidad de tomar decisiones por parte del gobierno lo cual es resultado de su precaria representatividad política: no basta ganar las elecciones sino que hay que ser capaces de generar acuerdos de gobernabilidad. La democracia ha fragmentado al gobierno, no ha generado un reforma institucional y no ha sido incapaz de generar recursos para solucionar los problemas de la sociedad. Se gobierna de manera unilateral, no hay interacción con actores de la sociedad.

En los últimos años la ineficiencia de la administración pública ha sido objeto de reforma, reduciendo la estructura administrativa, descentralizando el gasto público y con privatización de la empresa pública. El objetivo central ha sido disminuir los altos costos de la administración pública y con ello sanear las finanzas públicas. Sin embargo, se ha puesto énfasis en el predominio de criterios costo – eficiencia sobre costo – y efectividad, con lo cual se ha reafirmado la desarticulación del gobierno con la sociedad y el mercado, quedando en evidencia que el gobierno no puede por si solo solucionar los problemas públicos.

Una reforma administrativa del gobierno es insuficiente, se requieren de instrumentos de gobernanza para conseguir recursos que no posee para resolver los problemas públicos. Los cambios políticos demandan una mayor interacción entre gobierno y sociedad, por lo que se requieren nuevos procesos de gobernabilidad más interdependendientes, participativos y transparentes. Sin embargo, no hay que olvidar que el gobierno es necesario, indispensable en cuanto a su dirección, pero que debe de dejar de lado su viejo estilo gobernar, jerárquico, de mando y control total.

La gobernanza como proceso de gobierno recupera a las redes de política pública como forma organizativa; las políticas publicas definen de manera precisa las necesidades de la sociedad, las ordena y reelabora en objetivos y acciones; hace uso del conocimiento e información y experiencia de los actores para seleccionar los problemas más urgentes, identificar la solución más factible técnicamente y más viable políticamente; se diseña e implementa en el marco de las leyes de la administración pública y de la disponibilidad financiera de la hacienda pública.

Finalmente, es importante subrayar que para gobernar con base en resultados se requiere superar la idea de que el gobierno tiene objetivos claros y cuenta con la información y los recursos necesarios para solucionar los problemas públicos; que la sociedad es ignorante, desinformada, y solo es receptora de los beneficios gubernamentales. Además es necesario el diseño de políticas públicas focalizadas; sistemas de seguimiento y evaluación participativos; transparencia y rendición de cuentas; así como la revocación de mandato como mecanismo de control social. Un gobierno financieramente equilibrado y representativo en lo político.

Twitter: @jszslp

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